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Pruebas para acusar a 33 personas, incluidos ex funcionarios

Con las investigaciones que hasta el momento se tienen del caso Ayotzinapa, hay elementos suficientes para determinar responsabilidades penales contra 33 personas, entre ellas ex funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y militares, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.



Al presentar el informe sobre los avances del caso, precisó que las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) abarcan desde la desaparición de los jóvenes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta descubrir “quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se haya implementado”.


Existen elementos suficientes para que la FGR “inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades contra 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes”.


Bajo el argumento del respeto al debido proceso, Encinas se reservó los nombres de las personas señaladas, aunque precisó que entre ellas no está aún el ex presidente Enrique Peña Nieto.


Se le insistió sobre posibles nombres o cargos de las autoridades locales y federales que estarían siendo investigadas, cuántos elementos del Ejército y la Marina participaron, si en ese listado están además el ex mandatario de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y el propio Peña Nieto.


“Es la fiscalía la que tiene que dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de Peña Nieto no”, respondió.


–¿Por qué la responsabilidad no abarca al ex presidente Peña Nieto? ¿Lo están protegiendo? –se le preguntó.


–Corresponde a la FGR, con la aportación que hagamos y la que ella misma desarrolle, fincar las responsabilidades a los servidores públicos involucrados. Ése es el mandato que nosotros tenemos, creo que hemos avanzado muchísimo el día de hoy –replicó.


Insistió en que la administración del presidente López Obrador está enfocada “en dos objetivos fundamentales, y es la facultad de competencia que el decreto del Presidente me ha mandatado: esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre y buscar el paradero de los muchachos”.


Fuente: La Jornada

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