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Desplazados en Guerrero exigen la liberación de dos ecologistas


Desplazados de la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, quienes debieron asentarse en los pueblos Tepanco y La Libertad, del municipio de Ayutla de los Libres, rechazaron la ayuda que les proporcionó la administración que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado. “Queremos que liberen a dos de nuestros compañeros presos injustamente, Gildardo Díaz y Ubaldo Santana”, exigieron a la mandataria.

Los agricultores de La Laguna, afiliados a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán –que dirigía Juventina Villa, asesinada en noviembre de 2012 junto con su hijo Reynaldo Santana–, salieron de su pueblo perseguidos por grupos criminales, que a desde 2011 han dado muerte a 37 de sus vecinos y desaparecieron a otros tres.


El gobierno estatal envió a Tepanco y La Libertad dos tráileres cargados con madera, láminas, mangueras y tinacos. Bernard Díaz, delegado de La Libertad, afirmó: “Rechazamos lo que manda la señora gobernadora, porque no es eso lo que andamos gestionando”.


Expuso que los expulsados solicitan la libertad de sus compañeros, recluidos en los centros de readaptación social de Coyuca de Catalán y Ayutla de los Libres, así como la cancelación de 16 órdenes de aprehensión “en contra de mujeres y hombres de nuestra comunidad”.


Además, piden tierras para sembrar, construcción de viviendas y escuelas para sus niños, “porque los mandamos a estudiar al poblado de La Unión”.


Señalaron que sobreviven trabajando como peones: “Criamos gallinas y nos alquilamos para hacer corrales. Es una diferencia muy grande vivir en la sierra de Coyuca de Catalán y venir a Ayutla de los Libres, donde hace mucho calor, y aquí no tenemos empleo”.


Juana Alonso, madre de Rubén Santana, dirigente ecologista ejecutado por el crimen organizado, consideró “una grosería que el gobierno nos trajera tinacos, láminas, madera y mangueras”.


Explicó: “No podemos regresar a La Laguna, porque el grupo delincuencial que está en la zona nos va a atacar. Queremos que la gobernadora no se preste a ese tipo de manipulaciones, porque los funcionarios la engañan”.


La ayuda enviada por Salgado es parte de un proyecto que comenzó el lunes pasado para atender a más de mil 700 desplazados reconocidos por el gobierno estatal, cifra que contrasta con la que ofreció el año pasado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el cual aseguró que al menos 10 mil personas en Guerrero han sido expulsadas de sus comunidades de 2011 a 2021.


Fuente: La Jornada

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